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martes 19 de febrero de 2008
martes 16 de octubre de 2007
¿De dónde saca la plata la auto denominada Coordinadora de la Democracia?
Apareció, de pronto, hace algunas semanas, con un pronunciamiento firmado por un señor de apellido Dockweiler.
En el mismo, la señalada Coordinadora se quejaba porque, según decía, la Comisión de Educación de la Asamblea Constituyente no había tomado en cuenta una iniciativa ciudadana presentada con anterioridad..
En los últimos días volvió a aparecer con otro pronunciamiento, en el cual califica de traidor al señor Boris Crespo Toranzo, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas.
El señor Cre4spo Toanzo, dice, firmó un acuerdo, en la ciudad de Sucre, arrogándose el derecho de representar a la universidad privada, al aceptar que la educción fiscal es única en todos sus niveles.
En ambos manifiestos, la indicada Coordinadora de la Democracia pretende descalificar a la Asamblea Constituyente, señalando que la misma está actuando en forma vertical y antidemocrática.
Dice representar a la mayoría del pueblo, identificándose como un movimiento cívico patriótico que lucha por la vigencia de las libertades.
Los dos señalados pronunciamientos de la auto denominada Coordinadora de la Democracia, aparecieron en páginas enteras de varios periódicos de nuestro país, lo mismo que en largos espacios de redes televisivas privadas.
Pero, entonces, mirando esta profusión de pronunciamientos, salta nuevamente la pregunta.
¿De dónde saca la plata la auto llamada Coordinadora de la democracia que apareció a la luz pública, hace poco, en nuestro país?
¿Qué poder económico se halla detrás de ella, que puede pagar con tremenda facilidad, páginas enteras de periódicos, sabiendo que un anuncio así vale, por lo menos, 14.000 Bolivianos?
¿Y sabiendo que los anuncios por televisión, en las grandes redes privadas, se cotizan a un dólar por segundo?
¿Son los empresarios privados los que están solventando el funcionamiento de esta organización?
¿O son, lo más probable, los comités cívicos del oriente boliviano, que quieren hacer fracasar a la Asamblea Constituyente, para imponer su autonomía separatistas?
De otro lado, ¿con qué argumentos aparece la indicada Coordinadora de la Democracia, si nuestro país esta viviendo bajo un régimen de absoluta y total democracia?
Hay libertad de prensa, hay libertad de expresión y de opinión, hay libertad de locomoción y hasta hay libertad para criticar al gobierno, sin sufrir por eso represalias.
Si estuviéramos viviendo bajo un régimen dictatorial, como eran los de Banzer o García Meza, se comprende que pueda crearse una Coordinadora de la Democracia, para recuperar las libertades.
Pero existiendo en Bolivia una plena democracia, ¿qué sentido tiene armar una Coordinadora semejante?
Y, lo más extraño, parece que bajo esa nueva organización se están agrupando personajes que, justamente, apoyaron regímenes dictatoriales en el pasado.
O personas que, aun en gobiernos formalmente democráticos, apoyaron el anti democrático modelo neoliberal, instituido para favorecer a los ricos y aplastar a los pobres.
Dos cosas, pues, se advierten de la recién aparecida Coordinadora de la Democracia.
Primero, que tiene mucho dinero para pagar páginas enteras de periódicos, que valen unos 14.000 Bolivianos la página, o espacios televisivos que cuestan un dólar por segundo.
O para pagar pasajes y viáticos a unos 8.000 universitarios de universidades privadas, que fueron movilizados hace poco a Sucre.
Y, segundo, que es una Coordinadora que tiene el manifiesto propósito de descalificar y hacer fracasar el trabajo de la Asamblea Constituyente.
En ese sentido, la tal Coordinadora se está mostrando como un elemento más de la conspiración que se urde en el país, encabezada por los comités cívicos del oriente.
Es frente a esta conspiración que las organizaciones populares deben reaccionar, y no dejarse engatusar porque no es por la democracia que se debe luchar, ya que democracia existe en forma absoluta.
La lucha debe ser por el cambio, para que en nuestro país, justamente, se respeten los derechos del pueblo, y no sólo de los poderosos.
En el mismo, la señalada Coordinadora se quejaba porque, según decía, la Comisión de Educación de la Asamblea Constituyente no había tomado en cuenta una iniciativa ciudadana presentada con anterioridad..
En los últimos días volvió a aparecer con otro pronunciamiento, en el cual califica de traidor al señor Boris Crespo Toranzo, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas.
El señor Cre4spo Toanzo, dice, firmó un acuerdo, en la ciudad de Sucre, arrogándose el derecho de representar a la universidad privada, al aceptar que la educción fiscal es única en todos sus niveles.
En ambos manifiestos, la indicada Coordinadora de la Democracia pretende descalificar a la Asamblea Constituyente, señalando que la misma está actuando en forma vertical y antidemocrática.
Dice representar a la mayoría del pueblo, identificándose como un movimiento cívico patriótico que lucha por la vigencia de las libertades.
Los dos señalados pronunciamientos de la auto denominada Coordinadora de la Democracia, aparecieron en páginas enteras de varios periódicos de nuestro país, lo mismo que en largos espacios de redes televisivas privadas.
Pero, entonces, mirando esta profusión de pronunciamientos, salta nuevamente la pregunta.
¿De dónde saca la plata la auto llamada Coordinadora de la democracia que apareció a la luz pública, hace poco, en nuestro país?
¿Qué poder económico se halla detrás de ella, que puede pagar con tremenda facilidad, páginas enteras de periódicos, sabiendo que un anuncio así vale, por lo menos, 14.000 Bolivianos?
¿Y sabiendo que los anuncios por televisión, en las grandes redes privadas, se cotizan a un dólar por segundo?
¿Son los empresarios privados los que están solventando el funcionamiento de esta organización?
¿O son, lo más probable, los comités cívicos del oriente boliviano, que quieren hacer fracasar a la Asamblea Constituyente, para imponer su autonomía separatistas?
De otro lado, ¿con qué argumentos aparece la indicada Coordinadora de la Democracia, si nuestro país esta viviendo bajo un régimen de absoluta y total democracia?
Hay libertad de prensa, hay libertad de expresión y de opinión, hay libertad de locomoción y hasta hay libertad para criticar al gobierno, sin sufrir por eso represalias.
Si estuviéramos viviendo bajo un régimen dictatorial, como eran los de Banzer o García Meza, se comprende que pueda crearse una Coordinadora de la Democracia, para recuperar las libertades.
Pero existiendo en Bolivia una plena democracia, ¿qué sentido tiene armar una Coordinadora semejante?
Y, lo más extraño, parece que bajo esa nueva organización se están agrupando personajes que, justamente, apoyaron regímenes dictatoriales en el pasado.
O personas que, aun en gobiernos formalmente democráticos, apoyaron el anti democrático modelo neoliberal, instituido para favorecer a los ricos y aplastar a los pobres.
Dos cosas, pues, se advierten de la recién aparecida Coordinadora de la Democracia.
Primero, que tiene mucho dinero para pagar páginas enteras de periódicos, que valen unos 14.000 Bolivianos la página, o espacios televisivos que cuestan un dólar por segundo.
O para pagar pasajes y viáticos a unos 8.000 universitarios de universidades privadas, que fueron movilizados hace poco a Sucre.
Y, segundo, que es una Coordinadora que tiene el manifiesto propósito de descalificar y hacer fracasar el trabajo de la Asamblea Constituyente.
En ese sentido, la tal Coordinadora se está mostrando como un elemento más de la conspiración que se urde en el país, encabezada por los comités cívicos del oriente.
Es frente a esta conspiración que las organizaciones populares deben reaccionar, y no dejarse engatusar porque no es por la democracia que se debe luchar, ya que democracia existe en forma absoluta.
La lucha debe ser por el cambio, para que en nuestro país, justamente, se respeten los derechos del pueblo, y no sólo de los poderosos.
No quieren que haya migraciones de las regiones de occidente hacia Santa Cruz.
No aceptan que, de manera particular, indígenas aymaras o quechuas concurran hacia el oriente, para trabajar la tierra o prestar servicios en tareas agrícolas.
Mucho menos aceptan que a esos campesinos procedentes de los departamentos de La Paz, o Cochabamba , Oruro o Potosí, el Estado les dote de terrenos en el agro oriental.
Se oponen terminantemente a ello porque consideran que las tierras de Santa Cruz les pertenecen a ellos y a nadie más.
Por ello manifiestan, con enorme claridad, en su estatuto autonómico, el derecho a restringir las migraciones y a decidir quiénes pueden o no pueden ingresar a ese departamento.
Y por ello hasta alientan la creación de una “ciudadanía cruceña” para disfrutar de derechos especiales y para discriminar a los demás bolivianos.
Ahora, ¿quiénes son los que, desde el comité cívico de Santa Cruz, impulsan esas medidas?
Son, justamente, terratenientes y latifundistas cruceños que, junto a empresarios exportadores, quieren preservar los privilegios de los que disfrutaron durante los gobiernos neoliberales.
Esta gente ya acaparó una parte mayor del territorio oriental, y todavía quiere más.
Así, por ejemplo, la familia del mirista Saavedra Bruno, posee 20 predios con un total de 17.298 hectáreas, en el departamento de Santa Cruz.
La familia de Oswaldo Monasterios, dueña de la red televisiva Unitel tiene 7 predios con una superficie de 36.104 hectáreas también en Santa Cruz.
La familia Leigue, igualmente en Santa Cruz, tiene en su poder 13.313 hectáreas de tierras.
El senador Walter Guiteras, portavoz de los grupos políticos de derecha, es dueño de 2.911 hectáreas de tierra en el departamento del Beni.
Pero su familia tiene, además, otras 49.051 hectáreas de terrenos en el mismo departamento.
La familia Yánez, también en el Beni, cuenta con 7.828 hectáreas de tierras.
La familia Majluff posee una superficie de 7.929 hectáreas, en tanto que la familia Gonzales tiene 855 hectáreas.
Un caso notable es el de la familia Antelo que tiene 50.053 hectáreas de tierras en el Beni.
La familia Asbún tiene 16.013 hectáreas, la familia Salas Abularach 1.729 y la familia Guzmán 14.773.
También se puede mencionar a la familia Vargas, que posee 9.187 hectáreas de tierras, la familia Yánez 54.198 y la familia Llapiz 24.834 hectáreas.
E, igualmente, a la familia del presidente del comité cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, que llegó a poseer alrededor de 18.000 mil hectáreas, adulterando documentos de propiedad, tal como lo está demostrando el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Estas propiedades, conviene agregar, las obtuvo Marinkovic, aparentemente, apropiándose de tierras fiscales de la resrva Guarayos.
Son, pues, estas personas las que se oponen a las migraciones, porque consideran que esas migraciones pueden poner en riesgo la posesión de sus latifundios.
Son las que impulsan la redacción de estatutos autonómicos separatistas, porque quisieran hacer otro país, donde ellos sean los dueños, no sólo del poder sino, obviamente, también de la tierra.
Un país separado de Bolivia, para que puedan usar la tierra como les venga en gana, vendiéndola, o usándola como prenda de garantía para obtener préstamos bancarios, o manteniéndola como reserva para el aprovechamiento de sus hijos y nietos.
Entonces, claro, se oponen a las autonomías indígenas, reclaman sólo las autonomías departamentales, y apuntan a destruir la Asamblea Constituyente.
Son, pues, contra estos sectores de poder contra los que han comenzado a movilizarse las naciones originarias del oriente boliviano.
Y son contra estos mismos grupos que se movilizarán también campesinos y sectores populares de las regiones occidentales.
Porque indígenas y campesinos del oriente y del occidente, y organizaciones populares del oriente y del occidente, están en lucha por un país de mayor justicia.
Y ese país de mayor justicia no ha de construirse, si grupos mayoritarios, de latifundistas y dueños de la plata, no sean derrotados.
Mucho menos aceptan que a esos campesinos procedentes de los departamentos de La Paz, o Cochabamba , Oruro o Potosí, el Estado les dote de terrenos en el agro oriental.
Se oponen terminantemente a ello porque consideran que las tierras de Santa Cruz les pertenecen a ellos y a nadie más.
Por ello manifiestan, con enorme claridad, en su estatuto autonómico, el derecho a restringir las migraciones y a decidir quiénes pueden o no pueden ingresar a ese departamento.
Y por ello hasta alientan la creación de una “ciudadanía cruceña” para disfrutar de derechos especiales y para discriminar a los demás bolivianos.
Ahora, ¿quiénes son los que, desde el comité cívico de Santa Cruz, impulsan esas medidas?
Son, justamente, terratenientes y latifundistas cruceños que, junto a empresarios exportadores, quieren preservar los privilegios de los que disfrutaron durante los gobiernos neoliberales.
Esta gente ya acaparó una parte mayor del territorio oriental, y todavía quiere más.
Así, por ejemplo, la familia del mirista Saavedra Bruno, posee 20 predios con un total de 17.298 hectáreas, en el departamento de Santa Cruz.
La familia de Oswaldo Monasterios, dueña de la red televisiva Unitel tiene 7 predios con una superficie de 36.104 hectáreas también en Santa Cruz.
La familia Leigue, igualmente en Santa Cruz, tiene en su poder 13.313 hectáreas de tierras.
El senador Walter Guiteras, portavoz de los grupos políticos de derecha, es dueño de 2.911 hectáreas de tierra en el departamento del Beni.
Pero su familia tiene, además, otras 49.051 hectáreas de terrenos en el mismo departamento.
La familia Yánez, también en el Beni, cuenta con 7.828 hectáreas de tierras.
La familia Majluff posee una superficie de 7.929 hectáreas, en tanto que la familia Gonzales tiene 855 hectáreas.
Un caso notable es el de la familia Antelo que tiene 50.053 hectáreas de tierras en el Beni.
La familia Asbún tiene 16.013 hectáreas, la familia Salas Abularach 1.729 y la familia Guzmán 14.773.
También se puede mencionar a la familia Vargas, que posee 9.187 hectáreas de tierras, la familia Yánez 54.198 y la familia Llapiz 24.834 hectáreas.
E, igualmente, a la familia del presidente del comité cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, que llegó a poseer alrededor de 18.000 mil hectáreas, adulterando documentos de propiedad, tal como lo está demostrando el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Estas propiedades, conviene agregar, las obtuvo Marinkovic, aparentemente, apropiándose de tierras fiscales de la resrva Guarayos.
Son, pues, estas personas las que se oponen a las migraciones, porque consideran que esas migraciones pueden poner en riesgo la posesión de sus latifundios.
Son las que impulsan la redacción de estatutos autonómicos separatistas, porque quisieran hacer otro país, donde ellos sean los dueños, no sólo del poder sino, obviamente, también de la tierra.
Un país separado de Bolivia, para que puedan usar la tierra como les venga en gana, vendiéndola, o usándola como prenda de garantía para obtener préstamos bancarios, o manteniéndola como reserva para el aprovechamiento de sus hijos y nietos.
Entonces, claro, se oponen a las autonomías indígenas, reclaman sólo las autonomías departamentales, y apuntan a destruir la Asamblea Constituyente.
Son, pues, contra estos sectores de poder contra los que han comenzado a movilizarse las naciones originarias del oriente boliviano.
Y son contra estos mismos grupos que se movilizarán también campesinos y sectores populares de las regiones occidentales.
Porque indígenas y campesinos del oriente y del occidente, y organizaciones populares del oriente y del occidente, están en lucha por un país de mayor justicia.
Y ese país de mayor justicia no ha de construirse, si grupos mayoritarios, de latifundistas y dueños de la plata, no sean derrotados.
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